La medida fue dispuesta por el juez federal José Manuel Díaz Vélez y alcanza tanto a la actual legisladora provincial Sandra Beatriz Figueroa, como a su esposo, el exintendente Luis Campos, destituido de su cargo en 2023.

La resolución judicial establece que ambos fueron procesados sin prisión preventiva, pero bajo un régimen de restricciones estrictas: tienen prohibido salir de la provincia o del país sin autorización, deben presentarse quincenalmente en la comisaría más cercana a su domicilio y no pueden comunicarse con los demás imputados ni con testigos de la causa.

El fallo, que marca un punto de inflexión en la política del sur tucumano, expone con crudeza un entramado de manejos irregulares, enriquecimiento ilícito y vínculos con presuntas operaciones de narcotráfico que habrían operado desde el municipio durante la gestión Campos-Figueroa.

Una “empresa criminal colectiva”

El expediente describe la existencia de una estructura organizada de poder que funcionó en Alberdi bajo el control político y administrativo del matrimonio. Según el juez Díaz Vélez, los imputados integraban una asociación ilícita destinada a desviar fondos públicos, lavar dinero y encubrir actividades ilegales.
Entre los coimputados figuran el exsecretario de Hacienda José Roldán, el exconcejal Albano Loru, Roque “Chipi” Giménez, Pablo Exequiel Barrionuevo y José Roldán, todos ellos también procesados.

Lavado de dinero y enriquecimiento inexplicable

A Sandra Figueroa se le imputa el delito de lavado de dinero con agravante para funcionario público (Art. 303 inc. 2.b del Código Penal). El fallo señala que no registra actividad económica proporcional a su patrimonio, pero posee siete vehículos de alta gama, entre ellos una Toyota Hilux y un Mercedes Benz Sprinter, además de propiedades urbanas sin justificación contable.
Durante su intendencia (2015-2023), el municipio no presentó balances ni informes públicos de gastos, y se habrían utilizado cheques oficiales para comprar vehículos de uso particular.

El juez Díaz Vélez sostiene que la pareja actuó como “sostén estructural” del grupo criminal que, mediante la fachada institucional, blanqueaba fondos obtenidos de actividades ilícitas. Parte de las pruebas incluyen transferencias bancarias sospechosas, contrataciones irregulares, y testimonios que señalan la utilización de fondos municipales para fines personales y políticos.

Asociación ilícita y vínculos con el narcotráfico

La causa también incluye un capítulo sensible: la confabulación con redes vinculadas al narcotráfico. En uno de los audios que forman parte del expediente, Roque Giménez, exfuncionario cercano al exintendente, le dice a Campos:

“No boludiés con esas pelotudeces ni tapes las diligencias del drogadicto de hijo que tenés y las pelotudeces que hace tu familia”.

La frase, considerada clave por los investigadores, da cuenta del conocimiento y posible encubrimiento de maniobras relacionadas al tráfico de estupefacientes dentro del círculo íntimo de los Campos-Figueroa.
A esto se suman movimientos migratorios registrados en pasos fronterizos como Puerto Chalanas (Bermejo, Bolivia), ruta conocida en causas federales por tráfico de drogas.

Embargo millonario y medidas cautelares

El magistrado ordenó un embargo por $250 millones sobre los bienes de Sandra Figueroa, con el fin de garantizar eventuales responsabilidades civiles.
Si bien no se dictó prisión preventiva, el juez consideró suficientes las medidas de restricción, argumentando que la legisladora posee arraigo, domicilio conocido y fueros provinciales, por lo que su detención quedará supeditada a la evolución de la causa y a un posible pedido de desafuero por parte del Ministerio Público Fiscal.

Un golpe político de alto impacto

El procesamiento genera un fuerte impacto político en el peronismo local, especialmente en la ciudad de Alberdi, donde Figueroa y Campos dominaron la escena política durante más de ocho años.
La decisión judicial llega en medio del proceso de normalización institucional tras la intervención dispuesta por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien había ordenado una auditoría completa del municipio.
El caso promete seguir escalando en la Justicia Federal, y podría derivar en nuevas imputaciones a funcionarios y contratistas que integraban el entramado financiero ahora investigado.

La resolución será comunicada a la Legislatura de Tucumán, una vez que quede firme, para su conocimiento formal y eventual tratamiento de los fueros de la legisladora procesada.