La Unidad Especializada de Homicidios I del Ministerio Fiscal, a cargo de Pedro Gallo, formuló cargos este viernes contra Diego Zerda (alias “Mocho”), de 33 años y desempeñado como moto-uber, por su presunta participación en la muerte de Karla Nahir Naomi Robles (27). El imputado fue acusado por los delitos de instigación al suicidio y amenazas simples —en perjuicio de la víctima y de su hermano de 22 años— en el marco de una investigación que continúa en curso.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Lucas Manuel Maggio describió la teoría del caso y aportó las pruebas con las que el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas cautelares. Entre los elementos presentados figuran: el reconocimiento médico-legal que determinó que la víctima falleció por asfixia mecánica por ahorcadura; un video de transmisión en vivo en la red social TikTok (1:13 minutos de duración) en el que la víctima aparece; un audio enviado por el imputado al hermano de la joven y diversas capturas de pantalla. Además, declararon testigos presenciales —entre ellas tres amigas— que vieron la transmisión y dieron cuenta del estado emocional y del tratamiento psicológico de Karla.

Maggio sostuvo que desde 2022 Zerda habría ejercido una pauta recurrente de violencia física y psicológica contra Robles durante una relación de pareja de aproximadamente cinco años. Según la acusación, el hombre profirió mensajes y amenazas tales como “estás loca… matate de una vez” y habría llegado a advertir que, si no volvía con él, “era mejor que se mate” o que “él mataría a toda su familia”. Para el fiscal, ese contexto de violencia reiterada y la explotación de la vulnerabilidad de la víctima configuran los elementos centrales que permiten sostener la acusación por instigación al suicidio.

Respecto del estado del imputado, el expediente consignó que Zerda fue aprehendido en el Hospital Obarrio, adonde había ingresado el pasado miércoles 29 por un tratamiento psiquiátrico vinculado a adicciones. El médico forense del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) examinó al detenido y concluyó que tiene capacidad de comprender sus actos y de dirigir sus acciones, extremo que fue tenido en cuenta por el juez. Pese a ello, la defensa solicitó que la preventiva se cumpla en modalidad de arresto domiciliario en el hospital y con geolocalización, pedido que fue rechazado.

En la audiencia también se evaluaron los riesgos procesales: el fiscal advirtió la posibilidad de fuga y de entorpecimiento de la investigación, por lo que solicitó prisión preventiva por cuatro meses. Finalmente, el juez interviniente consideró adecuada la calificación provisional y ordenó prisión preventiva por el término de dos meses, atendiendo el informe forense que permite que el imputado sea alojado en el Servicio Penitenciario.

Como medidas investigativas pendientes, la Fiscalía requirió la pericia de tres teléfonos celulares para extracción y análisis de información, el envío de oficios a plataformas y redes sociales (TikTok y Meta), la verificación de líneas telefónicas y la realización de entrevistas a familiares y allegados para completar la reconstrucción del hecho y la trama comunicacional que lo rodeó. El imputado se abstuvo de declarar en la audiencia.

La madre y el padre de la víctima expresaron su conmoción y reclamaron la máxima severidad: “Él estuvo viendo el vivo cuando mi hija se quitó la vida. Yo lo quiero en el penal”, dijo la madre; y el padre sumó: “Si lo dejan suelto habrá otra Karla”. Estas manifestaciones fueron tenidas en cuenta por el tribunal al momento de evaluar la peligrosidad procesal.

La causa continúa en instrucción a cargo de la Unidad Especializada de Homicidios I y el Ministerio Público Fiscal informó que seguirá solicitando medidas de prueba técnicas y testimoniales para completar la investigación y confirmar la responsabilidad penal del imputado.