TUCUMÁN – Una compleja investigación por delitos económicos y cibercriminalidad culminó con la aprehensión de una mujer, identificada como S.R.V., acusada de haber protagonizado una saga de estafas utilizando documentación ajena. El caso, tramitado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Alejo López Ávila, expuso una modalidad delictiva que generó un perjuicio patrimonial superior a los $5.400.000 en detrimento de una única víctima.

De acuerdo a las actuaciones fiscales presentadas por el auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, la maniobra se inició entre los meses de enero y marzo de 2026, cuando la acusada halló el Documento Nacional de Identidad y una tarjeta de crédito pertenecientes a la damnificada. Lejos de restituirlos, la mujer utilizó los datos para realizar múltiples operaciones comerciales no autorizadas entre el 4 de marzo y el 27 de abril, acumulando una deuda por compras que ascendió a los $3.234.659.

Extracciones por ventanilla y captura La audacia de la imputada se trasladó luego a las entidades bancarias. El pasado 8 de abril, S.R.V. se presentó en una sucursal del Banco Macro ubicada en la zona sur de la capital tucumana. Tras exhibir el DNI extraviado y fingir ser la titular, logró engañar al personal de cajas y extraer la suma de $2.084.300 en efectivo.

El raid delictivo finalizó el viernes 8 de mayo de 2026, cuando la mujer regresó a la misma entidad bancaria de avenida Alem y calle Combate de Las Piedras con la intención de retirar otros $100.000. En esta oportunidad, la perspicacia de un empleado de seguridad fue clave: al recordar la fisonomía de la mujer por su visita anterior, alertó al cajero, quien verificó las inconsistencias en las firmas y los datos biométricos. Tras dar aviso a la División de Delitos Telemáticos, la sospechosa fue aprehendida en flagrancia.

Situación procesal Durante la audiencia de formalización de la investigación, el Ministerio Público Fiscal calificó los hechos como defraudación mediante el uso de tarjeta de crédito, estafa y estafa en grado de tentativa, todos en concurso real. Ante los riesgos procesales identificados, la jueza interviniente ordenó la prisión preventiva de la acusada, disponiendo su inmediato traslado y alojamiento en las instalaciones del Servicio Penitenciario de la Provincia.